¿Qué medidas en materia de vivienda ya están en vigor y cuales ha quedado derogadas?

 

El BOE de 13 de noviembre de 2026 ha confirmado la derogación del Real Decreto-ley 28/2026 y la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026. Esta decisión obliga a distinguir entre las reformas que finalmente no llegarán a aplicarse y las medidas que permanecen vigentes en materia de arrendamientos, fiscalidad inmobiliaria y acceso a la vivienda

El BOE de 13 de noviembre de 2026 ha publicado los acuerdos parlamentarios que determinan la continuidad de las últimas reformas aprobadas en materia de vivienda. Mientras que el Real Decreto-ley 28/2026 ha quedado derogado antes de su entrada en vigor, el Real Decreto-ley 29/2026 ha sido convalidado y mantiene sus efectos jurídicos y tributarios.

La situación obliga a revisar las decisiones relacionadas con el arrendamiento de inmuebles, la renovación de contratos, la actualización de rentas, la adquisición de viviendas y la planificación fiscal de las inversiones inmobiliarias.

Las novedades afectan tanto a los propietarios particulares como a las sociedades patrimoniales, agencias inmobiliarias, promotores, inversores y empresas dedicadas a la explotación de alojamientos turísticos.

1. Qué normativa resulta aplicable en estos momentos

El 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados acordó derogar uno de los dos reales decretos-leyes aprobados el pasado 6 de octubre y convalidar el otro. La situación normativa, a fecha de 17 de noviembre de 2026, es la siguiente.

  • Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre. Derogado. Su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre de 2026. Al publicarse su derogación el día 13, las modificaciones que contemplaba no han llegado a desplegar efectos.
  • Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Convalidado y vigente. Entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre de 2026. Su convalidación parlamentaria garantiza la continuidad de las medidas aprobadas, sin perjuicio de aquellas disposiciones que tienen establecidas fechas específicas de aplicación.

Atención. La convalidación no modifica la fecha inicial de entrada en vigor. Por tanto, las medidas aplicables desde el 8 de octubre continúan produciendo efectos desde esa fecha y no desde la publicación del acuerdo parlamentario.

2. Qué medidas han quedado definitivamente sin efecto

La derogación del Real Decreto-ley 28/2026 impide que resulte aplicable la reforma del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que contemplaba esta disposición. En consecuencia, no entran en vigor las novedades previstas en dicho decreto relativas a las prórrogas sucesivas de los contratos, las condiciones específicas de preaviso y la indemnización por determinadas decisiones de no renovación.

Las relaciones contractuales deberán continuar rigiéndose por la legislación aplicable, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 29/2026 y las restantes disposiciones vigentes.

  • Atención. La derogación del Real Decreto-ley 28/2026 no elimina las prórrogas extraordinarias ni las limitaciones de actualización de rentas reguladas en el Real Decreto-ley 29/2026. Se trata de medidas diferentes que deben analizarse por separado.

3. Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de hasta dos años

Una de las medidas que permanece vigente es la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026 permite extender su duración por períodos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales, cuando concurran las condiciones establecidas en la norma.

Entre los requisitos que deben examinarse destacan los siguientes.

  • Que el contrato de vivienda habitual estuviera vigente el 8 de octubre de 2026.
  • Que finalice alguno de los períodos de duración o prórroga contemplados en la disposición. En el supuesto de la prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la LAU, deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2028.
  • Que el arrendatario esté al corriente del pago del alquiler y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
  • Que exista una solicitud por parte del arrendatario.

Durante la prórroga extraordinaria se mantendrán los términos y condiciones del contrato vigente.

El arrendador deberá aceptar la solicitud, salvo que concurra alguna de las excepciones legalmente previstas, como la existencia de un acuerdo entre las partes, la formalización de un nuevo contrato o la necesidad real y acreditada de recuperar la vivienda para destinarla al uso propio o familiar en las condiciones establecidas legalmente.

La norma también contempla particularidades relacionadas con las prórrogas de viviendas situadas en zonas tensionadas y las renovaciones o nuevos contratos que incorporen una reducción de renta de, al menos, el 5 %.

  • Atención. Antes de comunicar la finalización de un contrato o comprometer la vivienda con un nuevo arrendatario, el propietario debería comprobar si el contrato actual puede quedar sujeto a esta prórroga extraordinaria.

4. Limitaciones en la actualización anual del precio del alquiler

El Real Decreto-ley 29/2026 mantiene una limitación extraordinaria sobre las actualizaciones anuales de renta de los contratos de vivienda comprendidas entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La regulación diferencia dos situaciones.

  • Cuando la renta sea superior al importe máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no procederá incremento alguno.
  • En los restantes supuestos, el incremento será el que resulte de un nuevo acuerdo entre las partes. En ausencia de dicho acuerdo, la actualización no podrá superar el 2 %.

La aplicación de esta medida deberá coordinarse con las cláusulas contractuales y las restantes limitaciones legales que resulten exigibles.

Por ejemplo, en un alquiler mensual de 1.000 euros, una actualización del 2 % supondría un incremento de 20 euros mensuales, siempre que dicho incremento resulte legal y contractualmente procedente.

  • Atención. El 2 % no constituye una subida automática a la que tenga derecho todo propietario. Antes de actualizar una renta es necesario comprobar el contrato, los índices aplicables y las limitaciones que correspondan al inmueble.

5. Nueva regulación de los alquileres de temporada

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos introduce una regulación específica de los contratos de vivienda temporal. La principal novedad consiste en que la temporalidad deberá responder a una necesidad residencial real, expresa y acreditable. Pueden justificar esta modalidad determinadas circunstancias laborales, académicas, sanitarias u otras necesidades de alojamiento de carácter transitorio.

Con carácter general, los alquileres de temporada tendrán una duración comprendida entre 31 días y 12 meses, sin perjuicio de las particularidades legalmente previstas.

La sucesión de más de dos contratos temporales queda sometida a reglas que pueden determinar su consideración como arrendamiento de vivienda habitual.

Cuando no exista una causa que justifique suficientemente la temporalidad, el contrato podrá quedar sujeto al régimen jurídico propio de la vivienda habitual, con las correspondientes garantías en materia de duración, prórrogas y renta.

La reforma distingue además entre los contratos formalizados antes y después de su entrada en vigor.

Los contratos de temporada celebrados antes del 8 de octubre de 2026 conservarán, en los términos previstos en la disposición transitoria correspondiente, su régimen jurídico anterior hasta la finalización del plazo pactado, momento en el que quedarán extinguidos sin posibilidad de prórroga.

  • Atención. La mera denominación de un contrato como arrendamiento de temporada no determina su naturaleza jurídica. Los propietarios y las agencias inmobiliarias deberán documentar adecuadamente la causa de temporalidad y revisar los modelos contractuales utilizados hasta ahora.

6. Nuevas reglas para el alquiler por habitaciones

El arrendamiento parcial de viviendas mediante el alquiler de habitaciones o estancias queda expresamente contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Su tratamiento jurídico dependerá de que responda a una necesidad residencial habitual o temporal. Entre las principales novedades destaca la limitación de las rentas correspondientes a las habitaciones alquiladas simultáneamente. La suma de estas rentas no podrá superar el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa, en los términos establecidos en la norma.

También se incorporan garantías específicas en materia de precios para los inmuebles situados en zonas de mercado residencial tensionado.

Por ejemplo, si el importe de referencia aplicable al arrendamiento conjunto de una vivienda es de 1.200 euros mensuales, dividirla en cuatro habitaciones no permite eludir las limitaciones legales mediante la formalización de cuatro contratos independientes cuya renta conjunta supere el límite correspondiente.

  • Atención. Los propietarios y las empresas especializadas en alquiler por habitaciones deberán revisar tanto la rentabilidad prevista de sus operaciones como las condiciones contractuales y las normas autonómicas aplicables.

7. Mayores garantías para las personas arrendatarias

La normativa convalidada refuerza diferentes derechos de los arrendatarios y modifica determinadas obligaciones de los propietarios. Entre las materias afectadas se encuentran los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos, las garantías adicionales, la repercusión de determinados gastos e impuestos, las reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad de la vivienda y las condiciones de entrega del inmueble al finalizar el arrendamiento.

También se amplía la protección de los derechos de adquisición preferente del arrendatario en determinados supuestos de transmisión de la vivienda.

Estas modificaciones pueden afectar a cláusulas contractuales que hasta ahora se utilizaban habitualmente en el mercado inmobiliario.

  • Atención. Las agencias inmobiliarias, administradores de fincas y propietarios deberían actualizar sus contratos y revisar especialmente las cláusulas relacionadas con honorarios, gastos, garantías y responsabilidades por reparaciones.

8. Nuevas reducciones en el IRPF para los propietarios que alquilen viviendas

El artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2026 modifica el tratamiento fiscal de los rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de viviendas.

Desde el 8 de octubre de 2026 se establece un nuevo sistema de reducciones que tiene en cuenta, entre otras circunstancias, la evolución de la renta respecto del contrato anterior.

Para determinados nuevos contratos formalizados por un mismo arrendador que no tenga la condición de gran tenedor, una reducción de la renta superior al 5 % puede permitir aplicar porcentajes de reducción fiscal del 70 %, 85 %, 90 %, 95 % o incluso del 100 %, dependiendo de las condiciones concurrentes.

Se valoran factores como la continuidad del arrendatario, la ubicación de la vivienda, el precio de referencia aplicable y determinadas circunstancias personales del inquilino.

Por el contrario, cuando se incrementa el precio del alquiler respecto del contrato anterior, la reducción fiscal puede disminuir progresivamente.

El esquema de reducciones vinculado al incremento de la renta, en los supuestos regulados por la norma y sin perjuicio de otras reducciones aplicables, es el siguiente.

Evolución de la renta respecto del contrato anterior

Reducción fiscal

La nueva renta no supera la anterior, actualizada cuando proceda

50 %

Incremento de hasta el 5 %

40 %

Incremento superior al 5 % y hasta el 10 %

30 %

Incremento superior al 10 % y hasta el 15 %

25 %

Incremento superior al 15 % y hasta el 20 %

20 %

Incremento superior al 20 %

15 %


Estas reducciones se aplican sobre el rendimiento neto positivo del arrendamiento, no sobre el importe íntegro de los alquileres cobrados.

Los contratos anteriores quedan sujetos a sus correspondientes reglas transitorias, por lo que no procede aplicar automáticamente los nuevos porcentajes a todos los alquileres existentes.

  • Atención. Una subida de renta puede traducirse en una reducción del beneficio fiscal aplicable. Antes de renovar un contrato conviene realizar una simulación que permita comparar la rentabilidad después de impuestos de las diferentes alternativas.

9. Cambios en el IVA de los alquileres turísticos y de corta duración

Desde el 1 de diciembre de 2026, entra en aplicación una de las modificaciones fiscales de mayor relevancia para los propietarios y gestores de apartamentos turísticos. Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuya duración a favor de un mismo arrendatario no supere las 30 noches quedarán, con carácter general, sujetos y no exentos de IVA, tributando al tipo reducido del 10 %. La modificación afecta a estas operaciones incluso cuando no se presten servicios complementarios propios de la industria hotelera.

Se contempla una excepción para las estancias de corta duración en el apartamento o vivienda en la que el propio arrendador tenga su residencia habitual, sin perjuicio del tratamiento que corresponda cuando se presten servicios hoteleros.

Por ejemplo, un alojamiento de corta duración contratado por una base imponible de 500 euros pasaría a tributar por 50 euros de IVA, ascendiendo el importe total a 550 euros.

Esta modificación puede generar nuevas obligaciones para propietarios que hasta ahora realizaban exclusivamente operaciones exentas.

Entre ellas se encuentran las obligaciones censales, de facturación, llevanza de registros y presentación de autoliquidaciones, así como la revisión del derecho a deducir el IVA soportado.

  • Atención. Los titulares de alojamientos turísticos y las empresas que gestionan reservas deberán adaptar sus precios, contratos, sistemas de facturación y procedimientos tributarios antes del 1 de diciembre. Las reservas realizadas con anterioridad y los anticipos cobrados requieren revisar las reglas de devengo del impuesto.

10. IVA reducido en las obras de reparación y renovación de viviendas destinadas al alquiler

También desde el 1 de diciembre de 2026 se amplía la aplicación del tipo reducido del IVA del 10 % a determinadas obras de renovación y reparación realizadas en viviendas destinadas al arrendamiento como vivienda habitual. La novedad permite aplicar este tratamiento con independencia de la condición del arrendador, lo que puede beneficiar tanto a propietarios particulares como a sociedades dedicadas al alquiler residencial.

Para ello deberán cumplirse las condiciones establecidas en la normativa.

  • Que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya finalizado al menos dos años antes del inicio de las obras.
  • Que el coste de los materiales aportados por quien ejecuta las obras no supere el 40 % de la base imponible de la operación.
  • Que el pago se realice mediante alguno de los medios bancarios admitidos por la norma.

Atención. No todas las reformas podrán beneficiarse del IVA reducido. Es recomendable revisar los presupuestos, el porcentaje de materiales, la forma de pago y el destino de la vivienda antes de contratar las obras.

11. IVA del 4 % para viviendas protegidas de carácter permanente

Desde el 1 de diciembre de 2026 se amplía expresamente la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4 % a las entregas realizadas por promotores de viviendas protegidas sujetas a una calificación permanente o indefinida. La medida comprende también los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente, con un máximo de dos plazas de garaje.

Esta modificación puede tener una incidencia significativa sobre los costes de adquisición y la planificación de nuevas promociones inmobiliarias.

  • Atención. La aplicación del tipo superreducido exige comprobar la calificación administrativa de la vivienda y las condiciones de la operación. No se extiende indiscriminadamente a todas las viviendas protegidas.

12. Nuevos recargos en el IBI para viviendas turísticas y desocupadas

La reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales habilita a los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado para establecer recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de determinados alojamientos turísticos.

Los límites máximos previstos son los siguientes.

Titularidad de inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico

Recargo máximo sobre la cuota líquida del IBI

Un inmueble

50 %

Dos o más inmuebles

100 %

Cuatro o más inmuebles

150 %


Asimismo, se modifica el régimen de recargos aplicables a las viviendas desocupadas con carácter permanente.

La medida tiene efectos para los períodos impositivos iniciados desde la entrada en vigor del real decreto-ley. En el caso ordinario del IBI, cuyo período impositivo coincide con el año natural, su incidencia podrá producirse desde el ejercicio 2027.

  • Atención. Estos recargos no se aplican automáticamente en todos los municipios. Su exigencia dependerá de la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal y del cumplimiento de los requisitos legales.

13. Cambios en la imputación de rentas inmobiliarias a partir de 2027

La titularidad de inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual del contribuyente y que no generan rendimientos por arrendamiento puede dar lugar a una imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.

Para el ejercicio 2026 se mantiene el porcentaje del 1,1 % en aquellos municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados o determinados mediante valoración colectiva general con efectos desde el 1 de enero de 2012.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027 se modifica el sistema de imputación de rentas inmobiliarias mediante una escala que contempla porcentajes del 1,1 %, 1,5 %, 2 % y 3 %, atendiendo a la suma de los valores catastrales de los inmuebles comprendidos en la regulación.

También se modifica el rendimiento mínimo fiscal aplicable al arrendamiento o cesión de inmuebles a familiares hasta el tercer grado.

Estas novedades pueden afectar especialmente a los particulares que disponen de segundas residencias, viviendas desocupadas o inmuebles cedidos a familiares.

  • Atención. Los contribuyentes con un patrimonio inmobiliario relevante deberían revisar la incidencia de estas modificaciones en su previsión de IRPF para 2027.

14. Incentivos fiscales por la transmisión de viviendas al sector público

Se introducen determinados beneficios fiscales en el IRPF para las personas físicas que transmitan viviendas a entidades del sector público dedicadas a la promoción y gestión de vivienda social y asequible. Entre los supuestos contemplados se encuentra la posible exención de ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas cuyo valor total de transmisión sea inferior a 800.000 euros y que hayan permanecido desocupadas de forma continuada y sin causa justificada durante los dos años anteriores.

Esta medida se contempla para transmisiones realizadas desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que se cumplan las restantes condiciones.

También se regulan incentivos ligados a la reinversión de determinadas ganancias patrimoniales a través de la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, cuya operatividad está condicionada a determinados desarrollos normativos.

  • Atención. No toda venta de una vivienda a una Administración pública genera automáticamente una exención. Deberán analizarse la naturaleza del comprador, las características del inmueble y las condiciones específicas del beneficio fiscal.

15. Nuevos coeficientes de la plusvalía municipal

Desde el 1 de diciembre de 2026 se modifican los importes máximos de los coeficientes utilizados para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana mediante el método objetivo. La modificación puede afectar al importe de la plusvalía municipal en compraventas, donaciones y transmisiones hereditarias de inmuebles urbanos.

El resultado dependerá del período de generación del incremento de valor, del valor catastral del suelo y de la ordenanza municipal correspondiente.

  • Atención. Las personas y empresas que tengan previsto formalizar una transmisión inmobiliaria próxima al 1 de diciembre deberían valorar la incidencia de los nuevos coeficientes y comprobar qué método de cálculo resulta aplicable.

16. Medidas fiscales que afectan a las SOCIMI

El nuevo decreto modifica el régimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Se establece un gravamen especial del 25 % sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes de la actividad de arrendamiento o cesión de uso de inmuebles residenciales, incluidos los alojamientos turísticos y de corta duración. Se contemplan reducciones del gravamen vinculadas al porcentaje de viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles y, en determinados supuestos, a la reinversión de los beneficios.

Con carácter transitorio, para los períodos impositivos iniciados en 2026 y no concluidos a la entrada en vigor se exige un porcentaje de viviendas asequibles superior al 60 %. Para los períodos iniciados en 2027, el porcentaje deberá ser superior al 70 %. El porcentaje ordinario establecido por la norma es superior al 80 %.

  • Atención. Esta modificación afecta específicamente al régimen fiscal de las SOCIMI y no debe confundirse con la tributación ordinaria de las sociedades patrimoniales o de las demás empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles.

17. Limitaciones a determinadas adquisiciones inmobiliarias

Hasta el 31 de diciembre de 2030 se establecen restricciones a determinadas adquisiciones de viviendas efectuadas por personas jurídicas que tengan la condición de gran tenedor, entidades vinculadas y operadores comprendidos en los supuestos establecidos por la norma. En particular, se limita la adquisición de viviendas por un importe inferior al 70 % de su valor de mercado, determinado mediante una tasación independiente en las condiciones legalmente exigidas.

Se contemplan excepciones, entre ellas determinadas operaciones destinadas a incorporar viviendas al mercado del alquiler social o asequible.

  • Atención. No se trata de una prohibición general de comprar viviendas por debajo de su valor de mercado. La limitación afecta a determinados adquirentes y operaciones, por lo que deberán examinarse individualmente las circunstancias de cada adquisición.

18. Protección frente a determinados desahucios y acceso a la vivienda

El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora medidas dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad residencial y sin alternativa habitacional. Se establece un régimen específico de suspensión de determinados procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030, condicionado a los requisitos establecidos en la norma. También se introducen mecanismos procesales relacionados con la intervención de las administraciones públicas y se regulan determinadas especialidades aplicables a procedimientos judiciales en curso.

Junto a estas actuaciones, se mantienen instrumentos destinados a ampliar el parque público de vivienda, fomentar la promoción de viviendas asequibles y facilitar el acceso a la financiación residencial.

  • Atención. La normativa no supone una suspensión general de todos los desahucios. Su aplicación depende de las circunstancias del procedimiento, la situación del ocupante y las características del titular del inmueble.

19. Qué deberían revisar ahora los propietarios y las empresas inmobiliarias

La amplitud de las modificaciones aprobadas aconseja revisar las operaciones inmobiliarias previstas para los próximos meses, especialmente aquellas que puedan verse afectadas por las nuevas fechas de aplicación. Resulta conveniente comprobar los vencimientos de los contratos de alquiler, las posibilidades de prórroga extraordinaria, los límites de actualización de rentas, la acreditación de los contratos de temporada, la rentabilidad de los alquileres por habitaciones y los nuevos incentivos fiscales.

Los operadores de alojamientos turísticos deberán prestar especial atención a la modificación del IVA del 1 de diciembre de 2026.

Por su parte, los propietarios con varios inmuebles, las sociedades de inversión inmobiliaria y los contribuyentes que tengan previsto realizar transmisiones deberían anticipar el impacto de las reformas fiscales.

Cuadro resumen de las principales novedades y sus fechas de aplicación

Medida

Efectos principales

Fecha de aplicación

Situación actual

RD-ley 28/2026

Reforma de las prórrogas sucesivas, preavisos e indemnizaciones por no renovación

Prevista para el 15/11/2026

Derogado sin entrar en vigor

RD-ley 29/2026

Continuidad de las medidas de vivienda y fiscales aprobadas

08/10/2026

Convalidado

Imputación de rentas inmobiliarias en 2026

Mantenimiento del 1,1 % en determinados municipios

01/01/2026

Vigente con efectos desde esa fecha

Prórroga extraordinaria del alquiler

Hasta dos años adicionales si se cumplen los requisitos

08/10/2026

Vigente

Actualización anual de rentas

Limitación del incremento y máximo del 2 % en determinados supuestos sin nuevo pacto

Del 08/10/2026 al 31/12/2027

Vigente

Alquileres de temporada

Acreditación de la causa temporal y nuevas condiciones contractuales

08/10/2026

Vigente

Alquiler por habitaciones

Limitaciones sobre las rentas conjuntas y nuevas garantías

08/10/2026

Vigente

Garantías de los arrendatarios

Nuevas reglas sobre gastos, reparaciones y derechos de adquisición

08/10/2026

Vigente

Reducciones en el IRPF por alquiler

Nuevos porcentajes que pueden alcanzar el 100 %

08/10/2026

Vigente

Venta de viviendas a determinadas entidades públicas

Posible exención de ganancias patrimoniales en el IRPF

Del 08/10/2026 al 31/12/2027

Vigente

Restricciones a determinadas adquisiciones por grandes tenedores y otros operadores

Limitación de compras por debajo del 70 % del valor de mercado

Del 08/10/2026 al 31/12/2030

Vigente

Protección frente a determinados desahucios

Suspensión en los supuestos legalmente establecidos

Hasta el 31/12/2030

Vigente

Régimen especial de las SOCIMI

Gravamen especial del 25 % y reducciones por alquiler asequible

Períodos impositivos afectados de 2026 y siguientes

Vigente

IVA de alquileres de corta duración

Tributación general al 10 % de las estancias de hasta 30 noches, con excepciones

01/12/2026

Pendiente de aplicación

IVA de reformas y reparaciones

Ampliación del tipo reducido del 10 % a viviendas destinadas al alquiler habitual

01/12/2026

Pendiente de aplicación

IVA de vivienda protegida permanente

Aplicación del tipo superreducido del 4 % en las entregas previstas

01/12/2026

Pendiente de aplicación

Plusvalía municipal

Nuevos coeficientes máximos para el método objetivo

01/12/2026

Pendiente de aplicación

Recargos del IBI

Hasta el 150 % en determinados alojamientos turísticos

Con carácter ordinario, desde 2027

Condicionado a ordenanza municipal

Imputación de rentas inmobiliarias

Nueva escala de porcentajes del 1,1 % al 3 %

01/01/2027

Pendiente de aplicación

Rendimiento mínimo en alquileres a familiares

Modificación de las reglas de cálculo

01/01/2027

Pendiente de aplicación

Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa

Nuevos instrumentos e incentivos fiscales de ahorro e inversión

Según desarrollo normativo y reglas específicas

Aplicación condicionada


Si dispone de viviendas en alquiler, tiene previsto adquirir o transmitir inmuebles, explota alojamientos turísticos o desarrolla una actividad empresarial vinculada al sector inmobiliario, puede ponerse en contacto con nuestro despacho para analizar cómo le afectan las nuevas medidas y adaptar sus decisiones al marco jurídico y fiscal vigente.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


                                                       ASESORIA PIERA

Información de utilidad sobre la Huelga General del día 11 de noviembre de 2026

 

El miércoles 11 de noviembre de 2026 está convocada una huelga general de ámbito estatal por CCOO y UGT. La convocatoria afecta, con carácter general, a las empresas y organismos de todo el territorio, y conviene que cada empresa organice con tiempo su actividad y sus obligaciones. Como empleador ahora es el momento conocer lo que tiene que hacer antes de la huelga, durante el desarrollo de ésta y una vez se haya producido.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han convocado una huelga general de ámbito estatal para el miércoles 11 de noviembre de 2026. La plataforma reivindicativa gira en torno a la política de vivienda, el incremento salarial, la reducción de la jornada ordinaria, el refuerzo de la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo. Se ha informado de una duración de 24 horas, aunque la modalidad definitiva, los horarios y el detalle de la plataforma deben confirmarse con los preavisos de huelga.

El siguiente esquema ordena las actuaciones por fases y distingue lo que la empresa debe hacer de lo que debe evitar.


Antes de la jornada de huelga

No se exige preaviso individual. La persona trabajadora no está obligada a comunicar si va a secundar la huelga, y la empresa no debe indagar al respecto. Debe evitarse cualquier comunicación interna que pueda interpretarse como presión o disuasión. Sí es admisible informar del plan de contingencia, del acceso a los centros y de la movilidad.

Los sindicatos convocantes han comunicado la huelga a las asociaciones empresariales, lo que en una huelga general se considera suficiente sin necesidad de avisar a cada empresa.

En los días previos, la empresa puede reorganizar tareas con sus recursos ordinarios para atenuar el paro, y puede informar de forma objetiva a clientes y plantilla sobre posibles incidencias. Son cuestionables, en cambio, las medidas cuya finalidad o efecto sea sustituir a las personas huelguistas o aparentar normalidad, como las reasignaciones improvisadas, la reconfiguración de sistemas automáticos o la incorporación de medios específicos para esa jornada.

  • Atención. Si se alega una vulneración del derecho de huelga y se aportan indicios, la carga de acreditar que la medida organizativa era ajena al conflicto recae sobre la empresa. Documentar con antelación las decisiones y su justificación resulta esencial.

Apertura del centro y cierre patronal

El centro de trabajo debe permanecer abierto durante la jornada para que puedan acceder las personas que decidan no secundar la huelga. El derecho a no hacer huelga está protegido igual que el derecho a ejercerla, y la empresa debe garantizar que quienes trabajan puedan hacerlo con normalidad.

El cierre patronal solo es lícito en los supuestos del artículo 12 del Real Decreto-ley 17/1977. Son el peligro notorio de violencia para las personas o de daños graves para las cosas, la ocupación ilegal del centro o el peligro cierto de que se produzca, y las irregularidades en el trabajo que impidan gravemente el proceso normal de producción. No puede acordarse por la mera existencia de la huelga. Si se acuerda legalmente, debe comunicarse a la autoridad laboral en el plazo de doce horas.

  • Atención. Un cierre patronal sin respaldo en estos supuestos puede considerarse una vulneración del derecho de huelga. Conviene consultar antes de adoptarlo.

Servicios mínimos y servicios de seguridad y mantenimiento

Durante la huelga conviven dos figuras de naturaleza y procedimiento distintos, que se confunden con frecuencia.

Los servicios mínimos son los que deben prestarse en empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad. Los fija unilateralmente la autoridad gubernativa competente, estatal o autonómica según el ámbito del servicio, y no son objeto de negociación con el comité de huelga. Una vez fijados, corresponde a la empresa organizar su cobertura, designando nominalmente al personal con criterios objetivos y proporcionados y comunicándolo a las personas afectadas. Su incumplimiento puede acarrear responsabilidades disciplinarias, administrativas e incluso penales.

Los servicios de seguridad y mantenimiento son los imprescindibles para preservar las personas, las instalaciones, las materias primas y los equipos, y para permitir la reanudación posterior del trabajo. Afectan a cualquier empresa, preste o no servicios esenciales. Se designan previa negociación con el comité de huelga, con criterios de necesidad y proporcionalidad.

En una huelga general no suele existir un comité de huelga propio en cada empresa, más allá del comunicado por los sindicatos convocantes. Ello no exime a la empresa de buscar la participación de la parte social, valorando en cada caso quiénes son los interlocutores adecuados.

  • Atención. Si el personal designado no se presenta, la empresa puede recurrir a otros medios propios o externos únicamente para suplirlo, y nunca para sustituir el trabajo ordinario de las personas huelguistas.

Límites al esquirolaje

El artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977 prohíbe sustituir a las personas huelguistas por otras ajenas a la empresa. La doctrina constitucional ha extendido esa prohibición al esquirolaje interno, que consiste en utilizar a personal no huelguista para tareas que no le corresponden, y al esquirolaje tecnológico y organizativo, que supone recurrir a medios, procedimientos o configuraciones distintos de los ordinarios para neutralizar o reducir sensiblemente el impacto del paro.

Antes de adoptar o mantener cualquier medida organizativa o tecnológica durante la huelga, procede valorar si estaba planificada con anterioridad, si responde a una causa ajena al conflicto y si su uso ese día se mantiene dentro de lo habitual.

  • Atención. Las herramientas que la empresa utiliza con normalidad no plantean problemas, pero su activación o refuerzo específico para el día de huelga sí puede cuestionarse. Conviene revisar automatismos, desvíos de llamadas y contratos de apoyo.

Piquetes y ocupación del centro

Las personas trabajadoras y sus representantes pueden informar de la convocatoria y promover su seguimiento de forma pacífica. Los piquetes son lícitos mientras se limiten a esa función informativa. Dejan de serlo cuando impiden el acceso al centro, bloquean puertas o ejercen violencia, amenazas o coacciones sobre quienes deciden trabajar.

La ocupación del centro de trabajo está prohibida. No lo es, en cambio, la mera permanencia pacífica de las personas huelguistas en sus puestos, sin violencia, daños ni peligro para personas o bienes.

  • Atención. Ante incidentes que comprometan la seguridad, la empresa debe documentar los hechos y, si fuera necesario, solicitar la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un registro con fechas, horas y testigos facilita cualquier actuación posterior.

Efectos laborales y de Seguridad Social

La participación en una huelga legal suspende el contrato de trabajo. Durante ese período la persona no presta servicios ni percibe el salario correspondiente.

La empresa puede descontar la parte proporcional del salario base y de los complementos salariales, así como de las pagas extraordinarias. No se descuentan los complementos extrasalariales. El descuento no debe superar el tiempo real de huelga, ni afectar a la duración o retribución de las vacaciones, a los complementos de presencialidad o a incentivos que no dependan directamente del tiempo trabajado. En la nómina debe reflejarse con un concepto específico, como «ausencia por huelga».

En materia de Seguridad Social, las personas huelguistas pasan a situación de alta especial. Se suspende la obligación de cotizar durante la huelga, y la empresa debe presentar la relación nominal de trabajadores cuyo contrato queda suspendido en el plazo de cinco días naturales a partir del siguiente al del cese en el trabajo. La fecha de reincorporación debe comunicarse en la misma forma y plazo.

  • Atención. Un descuento superior al tiempo real, o la pérdida de incentivos o valoraciones desvinculadas del tiempo trabajado, puede declararse nulo y dar lugar a una indemnización por daño moral.

Después de la huelga

Las personas trabajadoras deben reincorporarse en las mismas condiciones, sin represalia alguna. El ejercicio legítimo del derecho de huelga no es un incumplimiento laboral y no puede sancionarse. Solo cabe actuación disciplinaria si, durante la huelga, concurrió una falta laboral grave, valorada caso por caso.

Actuaciones recomendadas

  • Elaborar un plan de contingencia por centro y actividad.
  • Identificar los servicios de seguridad y mantenimiento e iniciar su negociación con la parte social.
  • Comprobar si su actividad está sujeta a servicios mínimos y, en su caso, designar nominalmente al personal.
  • Revisar las comunicaciones internas para evitar mensajes que puedan interpretarse como presión o disuasión.
  • Documentar con antelación las medidas organizativas y su justificación.
  • Implantar un canal para registrar incidencias y conservar pruebas.
  • Preparar la nómina con el concepto específico de ausencia por huelga y la gestión de la alta especial en el Sistema RED.
  • Consultar con el despacho cualquier medida organizativa o tecnológica que pueda afectar al desarrollo de la huelga.

La empresa debe mantener abierto el centro, respetar la libertad de quienes deciden trabajar y de quienes secundan la huelga, y abstenerse de sustituir a estos últimos por cualquier vía. Las obligaciones de mayor riesgo son la designación negociada de los servicios de seguridad y mantenimiento, el cumplimiento de los servicios mínimos cuando existan, y el ajuste preciso del descuento salarial y de las comunicaciones a la Seguridad Social. La anticipación y la documentación son la mejor protección frente a eventuales reclamaciones.

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LA IA YA HA LLEGADO A LOS DESPACHOS. ¿Y AHORA QUÉ?

 

Reflexión desde 45 años de experiencia en asesoría empresarial


 

Después de más de 45 años trabajando en el mundo de la asesoría empresarial, he vivido muchos cambios.

Cambios fiscales, laborales, tecnológicos, crisis económicas, nuevas formas de trabajar…

Pero probablemente pocos se estén produciendo a la velocidad con la que está avanzando la Inteligencia Artificial.

Y no hablo del futuro.

Está ocurriendo ahora.

Cada vez son más los clientes que utilizan herramientas de IA para consultar cuestiones fiscales, redactar contratos, preparar recursos, analizar documentos o buscar soluciones a problemas de su empresa.

Algunos llegan incluso al despacho con la respuesta preparada.

Y esto, lejos de molestarme, creo que debe hacernos reflexionar a quienes nos dedicamos profesionalmente al asesoramiento.

Porque la IA hace muchas cosas extraordinariamente bien.

Calcula, redacta borradores, resume documentos, compara información, detecta errores y permite realizar en minutos trabajos que antes podían necesitar horas.

Negarlo sería absurdo.

Nosotros mismos la utilizamos.

La estamos incorporando progresivamente a nuestra forma de trabajar porque creemos que puede ayudarnos a ser más eficientes y dedicar menos tiempo a tareas repetitivas.

Pero utilizar una herramienta y saber qué hacer con el resultado que proporciona son cosas muy diferentes.

LA IA PUEDE DECIRTE QUÉ DICE LA LEY.
EL ASESOR DEBE AYUDARTE A DECIDIR QUÉ HACER CON ELLA.

Ahí está, en mi opinión, el verdadero cambio que está viviendo nuestra profesión.

Durante muchos años una parte importante del trabajo de las asesorías ha consistido en calcular, confeccionar documentos, presentar impuestos, realizar trámites y cumplir obligaciones.

Una buena parte de ese trabajo se automatizará.

Y probablemente sea positivo que así sea.

Porque nos obligará a concentrarnos precisamente en aquello donde un buen asesor aporta más valor.

Cuando alguien crea una empresa, por ejemplo, no basta con preguntarle a una IA qué tipo de sociedad debe constituir.

Hay que entender qué negocio quiere construir, quiénes serán sus socios, cómo se financiará, qué riesgos existen, qué patrimonio conviene proteger y qué puede suceder dentro de cinco o diez años.

Un asesor con experiencia puede detectar aquello que el emprendedor todavía no sabe que no sabe.

Puede anticipar problemas entre socios antes de que aparezcan y adaptar la estructura empresarial al proyecto real.

Lo mismo ocurre durante la vida de una empresa.

Un profesional no debería limitarse a presentar impuestos.

Debe ser capaz de leer el negocio que existe detrás de los números.

Y todavía resulta más evidente cuando llegan las decisiones difíciles.

Una negociación bancaria. La entrada de un inversor. Un conflicto entre socios. La negociación de un contrato importante. Una reestructuración. La venta de la empresa. O decidir entre vender, liquidar o preparar una sucesión familiar.

En esos momentos no basta con obtener una respuesta técnicamente correcta.

Hay que valorar personas, intereses, riesgos, consecuencias y alternativas. Hay que negociar, escuchar y, algunas veces, decirle al cliente algo que quizá no esperaba escuchar.

Y ahí es donde creo que está el futuro de nuestra profesión.

LA IA APORTA EFICIENCIA.
EL BUEN ASESOR APORTA CRITERIO, EXPERIENCIA Y CONFIANZA.

Por eso no creo que debamos competir contra la Inteligencia Artificial.

Debemos aprender a trabajar con ella.

Utilizarla para eliminar tareas repetitivas, mejorar nuestros análisis y disponer de más tiempo para aquello que realmente necesita el empresario: pensar, anticipar, decidir y acompañar.

Quizá la IA no esté acabando con la profesión de asesor.

Quizá esté haciendo algo mucho más interesante:

obligándonos a volver a ser verdaderos asesores.

Porque, al final, un empresario no debería pagar únicamente para que alguien le haga correctamente los números.

Debería pagar para tener a su lado a alguien con experiencia, conocimiento y criterio que le ayude a decidir qué le conviene hacer.

Y después de 45 años trabajando junto a empresarios, sigo pensando que esa parte de nuestra profesión tiene mucho futuro.

 

José Piera
PIERA Asesorías y Servicios

No solo entendemos de números. Entendemos de personas.

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45 años ayudando a tomar mejores decisiones

 

No solo entendemos de números. Entendemos de personas.




Desde 1980, en PIERA Asesorías y Servicios acompañamos a empresarios, autónomos, profesionales y familias en la gestión, crecimiento y protección de sus negocios y de su patrimonio.
Durante estos 45 años hemos vivido junto a nuestros clientes momentos de crecimiento, cambios generacionales, nuevos proyectos, dificultades económicas y decisiones que han marcado el futuro de sus empresas.
Y esa experiencia nos ha enseñado algo importante:
un buen asesor no está únicamente para presentar impuestos, confeccionar nóminas o cumplir obligaciones administrativas.
Está para escuchar, anticiparse a los problemas, aportar conocimiento y ayudar a tomar mejores decisiones.
Por eso entendemos la asesoría como una relación de confianza a largo plazo.
Queremos conocer al empresario, su negocio, sus proyectos y sus preocupaciones. Solo así podemos ofrecer una visión global y coordinar las distintas áreas que afectan a una empresa o a un patrimonio: fiscal, contable, laboral, mercantil, jurídica y financiera.
Nuestro objetivo es sencillo:
que nuestros clientes puedan tomar decisiones con mayor información, seguridad y tranquilidad.
Contamos con un equipo de profesionales especializados y con una red de colaboradores que nos permite abordar cada asunto desde una perspectiva integral.
Pero hay algo que consideramos todavía más importante que el conocimiento técnico:
estar cerca cuando el cliente nos necesita.
Porque detrás de cada empresa hay personas que arriesgan, crean empleo, invierten, tienen proyectos y toman decisiones.
Y detrás de esas decisiones creemos que debe haber un asesor de confianza.
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Desde 1980, al lado de empresarios, profesionales y familias.


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