El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de
enero y en vigor desde su día inmediato siguiente, establece un nuevo régimen
sancionador para el incumplimiento extemporáneo de la obligación de depositar
las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Como es sabido, el art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) obliga a los administradores de la
sociedad a presentar y depositar en el
Registro Mercantil de su domicilio social, dentro del mes
siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, certificación de los acuerdos
de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y
de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas,
a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Además, los
administradores deberán presentar el debido informe de gestión, que incluirá,
cuando proceda, el estado de información no financiera, y el informe del
auditor.
En la misma línea, el art. 365 del Reglamento del Registro Mercantil expone que los administradores de sociedades
anónimas, de responsabilidad limitada, comanditarias por acciones y de garantía
recíproca, fondos de pensiones y, en general, cualesquiera otros empresarios
que en virtud de disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales presentarán éstas para su depósito en el Registro
Mercantil de su domicilio, dentro del mes siguiente a su aprobación
Nuevo régimen sancionador: plazo y
criterios
Pues bien, adentrándonos en el nuevo régimen
sancionador anunciado, ya en la exposición de motivos (apartado VII) se informa
que es en la disposición adicional undécima del citado RD 2/2021 donde se regula el régimen
sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las
cuentas en el Registro Mercantil. Asimismo, allí se precisa el plazo para
la tramitación del procedimiento sancionador y los criterios para
la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la obligación de
depósito de cuentas.
Por un lado, en el apartado primero de la mencionada
disposición adicional undécima, se anuncia que el plazo para resolver y
notificar la resolución en el procedimiento sancionador (regulado en el art.
283 de la LSC), será de 6 meses a contar desde la adopción por el Presidente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas del acuerdo
de incoación, sin perjuicio de la suspensión del
procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los
parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo
señalado en los arts. 22, 23 y 32 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por otro lado, en el apartado segundo de la reiterada
disposición adicional, se revelan los criterios para determinar el importe de la sanción, de
conformidad también con los límites establecidos en el art. 283 de la LSC. En concreto, cabe recordar que este último precepto establece los
límites de las sanciones entre 1.200 euros a 60.000 euros y cuando la sociedad
o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual
superior a 6 millones de euros, el límite de la multa para cada año de retraso
se elevará a los 300.000 euros.
Dicho
esto, dentro de tales límites, los nuevos criterios para determinar el importe
de la sanción de conformidad con el RD 2/2021 serán los siguientes:
·
La sanción será del 0,5 por mil del
importe total de las partidas de activo,
más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de
la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración
Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
·
Si no se aportase la declaración
tributaria anterior, la sanción se establecerá en el 2% del capital social según los datos que obren en
el Registro mercantil.
·
Si no se aportase la reiterada declaración
tributaria, y el resultado de aplicar el citado porcentaje a la suma de las
partidas del activo y ventas fuera superior que el 2% del capital social, se
cuantificará la sanción en este último reducido en un 10%.
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