Así será la nueva forma de calcular los impuestos por comprar o heredar casa a partir de 2022.
El nuevo valor de referencia.
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COMO CALCULAR EL VALOR FISCAL DE UN INMUEBLE A PARTIR DE ENERO 2022
Así será la nueva forma de calcular los impuestos por comprar o heredar casa a partir de 2022.
Importante, vigile el programa de contabilidad que utiliza
Tiene hasta el 11 de octubre para revisar su programa de contabilidad y
evitar sanciones
Si es autónomo y está usando un programa
de contabilidad en su negocio, tenga especial cuidado. La reciente prohibición
de los softwares de doble uso puede acarrear multas de hasta 150.000 euros para
los infractores.
Llevar la contabilidad de forma correcta y
ajustada a la realidad es una responsabilidad básica en todo negocio. Sin
embargo, hay quien recurre al software de doble uso para manipular los “números”
con el fin de esquivar el pago de impuestos. Ahora esta mala praxis tiene los
días contados, el Gobierno acaba de aprobar una ley que prohíbe utilizar estos
programas.
El pasado 10 de julio el Boletín Oficial del Estado, publicó la Ley 11/2021,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta nueva norma
tiene por objeto la transposición de la Directiva
UE/2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado interior y la adaptación de la
normativa ante problemáticas fiscales no directamente contempladas.
De entre las novedades incluidas en esta Ley destaca la introducción de una
nueva obligación, dirigida a los fabricantes, productores y comercializadores
de programas informáticos de contabilidad y gestión empresarial, así como a los
usuarios de estos. Se pretende que los softwares que soportan procesos
contables, de facturación o de gestión empresarial cumplan los requisitos de
integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Esta
nueva imposición, establecida en el artículo 29.2,
apartado j), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
trata de evitar la manipulación de datos contables y de gestión que permitan la
llevanza de una doble contabilidad o la falta de registro de operaciones.
Implica nuevas obligaciones para los contribuyentes, al venir acompañada de un
régimen sancionador, que se regula a través del nuevo artículo 201 bis de
la Ley General Tributaria.
¿Qué son los programas de doble uso?
Los programas de doble uso permiten llevar una doble contabilidad. Los más
desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tickets con el importe
íntegro de una compra, pero sin que esta quede reflejada en la contabilidad
oficial.
El uso de este tipo de programas se ha extendido a lo largo de los años, de
modo que es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado de pagar
“impuestos”. No obstante, se estima que el empleo del software de doble uso
produce unas pérdidas de ingresos públicos de varios miles de millones de
euros.
Hacienda calcula que hasta 200.000
millones de euros se vienen ocultando a la Agencia Tributaria mediante la
utilización de estos programas que permiten crear una caja B con la que evadir
impuestos.
Los más habituales son conocidos con el nombre de Phantomware que es un
software oculto instalado en el TPV. El empresario accede al programa pulsando
un botón o introduciendo una combinación de teclas.
Otro de los más usados, se denomina Zipper. En este caso se trata de un
programa externo que se almacena en dispositivos extraíbles, como CD y USB.
Nuevas obligaciones
Ante este descontrol, el legislador ha prohibido el uso de este software
mediante un sistema de vigilancia, obligando a los autónomos a disponer de una
certificación otorgada por el Ministerio de Hacienda. Se considera infracción
tributaria la fabricación, producción, comercialización e incluso o simple
tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas
por la normativa vigente.
Se introduce una nueva obligación tributaria en el artículo 29 de la LGT:
j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y
usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que
soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes
desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación,
accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros,
sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación
en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer
especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así
como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen
formatos estándar para su legibilidad.
A partir de ahora debe poner el foco no
sólo en la legalidad de los registros contables y de las facturas emitidas como
era y es habitual sino también en el programa que utilizan para llevar dichos
registros.
La falta de cumplimiento de esta obligación será constitutiva de infracción
tributaria grave de acuerdo con el nuevo artículo 201 bis de la LGT:
Sanciones
Cualquier autónomo que no actualice sus programas informáticos de acuerdo
con la nueva certificación aprobada por el Gobierno será sancionado. Es decir,
queda totalmente prohibido el uso de programas de contabilidad de doble uso.
Los profesionales que los usen en su negocio, o todavía no los hayan
desinstalado, incurrirán en multas de hasta 50.000 euros.
Además, esta sanción se podría triplicar en los casos en que se oculten
ingresos y no se cumplan las especificaciones técnicas señaladas: los autónomos
podrían incurrir en multas de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico
en el que se hayan producido las ventas ocultas.
Artículo 201 bis. Infracción tributaria por fabricación, producción,
comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las
especificaciones exigidas por la normativa aplicable.
1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización
de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos
contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades
que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo
200.1.d) de esta Ley;
b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de
transacciones realizadas;
c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa
aplicable;
e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la
integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e
inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los
órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del
artículo 29.2.j) de esta Ley;
f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición
reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.
2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas
informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo
29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados
teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o
modificado los dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado
anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.
3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves.
4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa
pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se
hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa
informático o electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las
infracciones de la letra f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con
multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado
en el que se produzca la falta del certificado.
La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa
pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la
infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos
que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición
reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
Téngalo muy claro, si usted es:
- Fabricante o comercializador se arriesga a una multa de 150.000 euros por
cada ejercicio y programa vendido que no se ajuste a las especificaciones
indicadas, salvo que se deba a la falta de certificación, multado con 1.000
euros por programa vendido.
- Usuario se exponen a una multa de 50.000 euros por ejercicio, tanto si se
debe a la tenencia de programas sin certificar como a la modificación de los
programas certificados. Todo ello aparte de las sanciones que correspondan si
se verifica que ha existido ocultación, se han utilizado facturas falsas o
existen anomalías contables.
¿Desarrollo reglamentario?
Es sorprendente que la norma no especifique los requisitos técnicos que
deben cumplir estos programas y sistemas informáticos. Para introducir mayor
seguridad, el legislador habilita su desarrollo reglamentario con el fin de
complementarla e introducir parámetros objetivos que puedan definir cuándo se
incumplen los requisitos establecidos en la misma. No obstante, tenga en cuenta
que el desarrollo reglamentario de este precepto no deja de ser una mera
facultad, al no imponer el artículo 29.2,
apartado j) de la Ley General Tributaria su obligatoriedad.
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Fuente Wolters Kluwer
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Se reduce el límite máximo para los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros
Así lo ha establecido el artículo decimoctavo de la Ley 11/2021, de
9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, aprobada el día 10 de julio de 2021.
De
esta manera, se modifica el apartado primero del artículo 7
de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude, que queda redactado como sigue:
«1. No
podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes
actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior
a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No
obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que
no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o
profesional».
Es
decir, para todas aquellas operaciones en las que una de las partes actúe como
empresario o profesional será necesario tener en cuenta este límite.
Pero, ¿qué es un empresario
o profesional?
En muy resumidas
cuentas un empresario o profesional es aquellas personas física o jurídica que
desarrolla una actividad económica y adquiere, entrega o presta bienes y
servicios en el desarrollo de dicha actividad.
Para
una definición
más precisa debemos estar a lo establecido en los artículos 4 y 5
de la LIVA que nos definen de manera mucho más profunda
que debemos entender por el concepto de «empresario o profesional».
Además,
se determina un régimen transitorio de aplicación para
que produzca efectividad la norma:
«La nueva redacción del apartado Uno del
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude, se aplicará a todos
los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran
a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.
Desde ayer, día 11 de julio de 2021, ya es de aplicación la nueva limitación a los pagos en efectivo que afectará a la inmensa mayoría de operaciones que se den en nuestra economía.
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Las sociedades inactivas tienen los días contados
Desde el 11 de julio, fecha de entrada en vigor de Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, las sociedades inactivas, zombis o fantasmas desaparecerán y, esta vez, de verdad.
En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo
decimonoveno de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé
expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la
escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad
jurídica y también un sistema automatizado mediante el cual el Consejo General
del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de
aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran
pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el
control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude. Con
esta reforma de la función notarial se pretende que:
• Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el
notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la
base de datos de la Agencia Tributaria.
• El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas
tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda
investigarlo y
• En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia
notaría a efectos de facilitar su rastreo.
Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
La publicación de la revocación del número de identificación fiscal
asignado en el "Boletín Oficial del Estado", determinará, además de
su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las
entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos
bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de
dichos números revocados.
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una
entidad, su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" implicará
la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo
a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de
consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la
prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter
administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.
El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la
revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la
hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo,
no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se
rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la
realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota
marginal anteriormente indicada.
La revocación, en ningún caso, impedirá a
la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones
tributarias pendientes.
Modificación de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.
Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una
entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir
obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter
previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o
póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal
revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier
instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número
de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la
normativa tributaria.
Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la
Administración Tributaria, la información relativa a las operaciones en las que
se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de
identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios
de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago.
Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General
del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través
de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de
aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no
rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.
Falta de depósito de cuentas (RD 2/2021)
Recuerde también que desde el pasado 30 de enero, la regulación sobre
Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no
presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.
Así es, las disposiciones
adicionales décima y undécima del Real
Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas da un impulso al régimen de
imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de
depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan
el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:
• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes
sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los
registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP
y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera
los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.
• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el
procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el
Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión
del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo
establecido en la LPAC.
• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que
en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites
establecidos en el artículo
283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad
o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual
superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se
elevará a 300.000 euros):
- La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de
activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la
última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original
deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
- En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se
establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en
el Registro Mercantil.
- En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de
aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y
ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la
sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la
iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado
mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de
depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)
Fuente cisscontablemercantil.
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El Supremo sentencia que los autónomos pueden deducirse las comidas de trabajo con clientes en contra de Hacieda
El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia con la sentencia 458/2021, sobre uno de los gastos más controvertidos de deducir para los trabajadores por cuenta propia.
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