¿Qué es el impuesto AJD de las hipotecas?
La tasa de Actos Jurídicos Documentados
(AJD) es un gravamen que cobra la Administración Pública y que se encargan de
recaudar las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias
de este tributo. Es decir, los bancos nunca han cobrado este impuesto, que ha
ido directamente a las arcas de las autonomías. La cantidad que pagan los
clientes por este concepto va desde el 0,5% y el 1,5% del importe de la
hipoteca, dependiendo de cada región.
¿Por qué pagaba hasta ahora el impuesto el
cliente?
Así lo establecía el artículo 68.2 del
reglamento sobre la tasa AJD de 1995. En febrero de este año, el Pleno de la
Sala Primera de lo Civil del Supremo dejó claro que el sujeto pasivo del AJD
era el consumidor.
Durante 23 años no se había cuestionado
este principio, hasta
que una sentencia del Supremo del 18 de octubre decidió que tenían que ser los
bancos los responsables. En ese fallo se aseguraba que el único interesado en elevar a escritura
pública la hipoteca era el banco, por lo que el debía pagar el impuesto. Como
había sentencias anteriores contradictorias sobre esta cuestión, se convocó el
pleno que terminó decidiendo dejarlo todo como estaba.
¿Quién paga el impuesto en otros países?
En los países europeos en los que existe
una tasa similar al AJD, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, o
sea, el cliente. Así ocurre en Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria,
por ejemplo.
¿Pueden encarecerse las hipotecas?
La mayoría de las entidades ya descontaban
que acabarían pagando la tasa a futuro y ya habían encarecido los préstamos
para la compra de viviendas. De hecho, una ley del Banco de España vigila que
las entidades trasladen al precio los incrementos en los costes como antídoto
para evitar la venta a pérdida. Aun así, las entidades no descartan que se
mantenga la guerra hipotecaria que habían iniciado incluso tras el cambio
legislativo que aprobará el Gobierno.
¿Quién gana y quién pierde ahora?
Los vaivenes sobre quién debe pagar el
impuesto deja ganadores y perdedores. La banca ve eliminado el riesgo de la
retroactividad y trasladará el aumento del coste en las nuevas hipotecas.
Hacienda también resulta ganadora, que seguirá recaudando este impuesto y evita
una batalla legal con los bancos sobre su capacidad para reclamar el AJD de
años anteriores, cuando lo pagaban los clientes. En el grupo de ganadores
también está el Gobierno, que emerge en la polémica como juez salomónico pero
apuntándose un tanto político con los votantes.
Como suele ser habitual en cualquier
conflicto legal o político, el cliente será el que acabe pagando los platos
rotos: dejará de abonar el AJD pero lo asumirá de forma indirecta con una
subida del precio de las hipotecas.
Fuente: http://www.expansion.com
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